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Un juez federal ha ordenado a la administración de Donald Trump levantar de inmediato un bloqueo en los pagos al principal instituto de investigación médica de EE. UU. y desbloquear miles de millones de dólares en financiamiento para proyectos de energía limpia.
John J. McConnell reiteró el lunes que el intento de la Casa Blanca de congelar los fondos federales era “probablemente inconstitucional” y dijo que varios estados habían mostrado evidencia de que la administración de Trump seguía reteniendo ciertos fondos en violación de una orden anterior, destacando los pagos al Instituto Nacional de la Salud.
La orden es el último golpe legal a los primeros esfuerzos políticos de la administración Trump. Durante el fin de semana, un juez federal en Nueva York prohibió a los emisarios del Departamento de Eficiencia Gubernamental liderado por Elon Musk (Doge) y a los funcionarios políticos entrar en el sistema de pagos sensible y multimillonario del Tesoro.
Un plazo para que millones de empleados públicos aceptaran un paquete de indemnización, originalmente establecido para el jueves pasado, también fue pospuesto por un tribunal la semana pasada.
Sin embargo, en un caso separado el lunes, un juez federal negó una solicitud de grupos laborales para que los representantes de Doge fueran prohibidos de manera preventiva de acceder a los sistemas del Departamento de Trabajo de EE. UU.
En el caso de los pagos, McConnell impuso el mes pasado una orden de restricción temporal, argumentando que los estados habían presentado suficiente evidencia de que “probablemente sufrirían daños graves e irreparables” si el tribunal no hubiera concedido su solicitud para evitar la congelación de fondos.
“El plan imprudente de esta administración de bloquear los fondos federales ya ha causado caos, confusión y conflicto en todo nuestro país”, dijo Letitia James, la fiscal general de Nueva York, uno de los estados que presentaron el caso, después de que McConnell impusiera la orden temporal.
El congelamiento fue posteriormente levantado por la Casa Blanca, pero los estados, incluido Nueva York, afirmaron que se seguían reteniendo miles de millones de dólares en fondos federales, especialmente aquellos relacionados con proyectos de energía verde bajo la Ley de Reducción de la Inflación del ex presidente Joe Biden.
James se unió el lunes a otros 21 fiscales generales estatales en una demanda separada contra la administración de Trump por intentar recortar el financiamiento de subvenciones a universidades e instituciones de investigación en todo el país.
El caso se centra en la nueva guía publicada por el NIH, que dijo que a partir del lunes reduciría el apoyo “indirecto” a dichas instituciones al 15 por ciento desde un promedio actual del 27 por ciento. El financiamiento cubre los costos administrativos de los proyectos de investigación.
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El movimiento “podría obligar a los científicos a cerrar sus investigaciones que salvan vidas sobre cáncer, diabetes, Alzheimer, adicciones, enfermedades infecciosas y más”, dijo James en un comunicado.
El NIH dijo que era “vital asegurar que la mayor cantidad de fondos posibles se destinen a costos directos de investigación científica en lugar de gastos generales administrativos”. Sin embargo, la comunidad académica ha advertido que los recortes dañarían la investigación y el progreso científico, así como interrumpirían el mantenimiento de los laboratorios.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.