The settlement requires the district to start over with developing new high school ethnic studies courses, following the proper procedures for public input and transparency. This includes holding public meetings where community members can provide feedback, as well as publishing course outlines on the district’s website at least a week before any decisions are made.
The lawsuit highlighted the biases and lack of transparency in the original development of the courses, which were based on the Liberated Ethnic Studies model that has been adopted by several districts in California. The steering committee members were accused of promoting a one-sided and biased view of the Palestinian-Israeli conflict, with derogatory remarks made towards Jewish advocacy organizations and individuals.
The district denied teaching antisemitic material, but the settlement affirms the need for fair and balanced educational content that does not reflect adversely on any group based on religion, race, ethnicity, or national origin. By agreeing to start over with new courses and follow proper procedures, the district hopes to avoid similar conflicts in the future.
Overall, the settlement serves as a cautionary tale for districts in California and beyond, emphasizing the importance of transparency, public input, and fair representation in the development of educational curriculum, particularly in sensitive topics like ethnic studies. “Cuando nadie está mirando, las personas se quedan a merced de sus propios prejuicios.”
Detalles del acuerdo
Otros puntos del acuerdo incluyen:
El comité directivo y subcomité anterior de Santa Ana que creó los cursos de estudios étnicos serán abolidos.
El superintendente, no la junta escolar, designará a los miembros de futuros comités que consideren un curso de estudios étnicos; los miembros de la junta no participarán en ese trabajo hasta el proceso de aprobación final.
El distrito reconocerá que el conflicto israelí-palestino es un tema controvertido; como tal, cualquier instrucción en el aula o plan de estudios cumplirá con la política del distrito sobre cómo tratar temas controvertidos. Muchos distritos han adoptado un documento similar consistente con la ley estatal. Entre las disposiciones:
El tema ofrece oportunidades para el pensamiento crítico, para desarrollar la tolerancia y para comprender puntos de vista conflictivos.
Se escuchan todas las partes del tema utilizando hechos establecidos y evidencia primaria.
Los maestros no utilizan sus posiciones para presionar sus propios prejuicios.
La discusión no refleja negativamente a las personas debido a su raza, sexo, color, credo, origen nacional, ascendencia, discapacidad u ocupación.
Para crear los cursos de estudios étnicos, Santa Ana contrató al Instituto Xicanx para la Enseñanza y la Organización (XITO); su líder, Sean Arce, es miembro del Consorcio del Modelo de Currículo de Estudios Étnicos Liberados. Según registros, el distrito contrató servicios por $300,663, además de $79,200 para otro contratista de estudios étnicos liberados. Según el acuerdo, el distrito dejará de utilizar los servicios de XITO y cualquier individuo asociado con él.
Arce no respondió a una solicitud de comentario.
Según el acuerdo, los cursos de Estudios Étnicos de Geografía Mundial; Estudios Étnicos de Historias Mundiales; y Estudios Étnicos de Honor: Perspectivas, Identidades y Justicia Social podrán continuar por el resto del 2024-25 bajo la condición de que no se enseñen materiales e instrucciones con afirmaciones como “la existencia de Israel es un esfuerzo racista”, a menos que se haga de una manera que cumpla con la política de temas controversiales. Un Glosario de la Coalición del Modelo de Currículo de Estudios Étnicos Liberados será eliminado de los cursos.
El distrito podría tener tiempo para crear nuevos cursos. Una ley de 2021 requeriría que los distritos escolares ofrezcan un curso de estudios étnicos de un semestre a partir del otoño de 2025 y que los estudiantes deban tomarlo para graduarse a partir del 2030-31. Sin embargo, la Ley de la Asamblea 101 requiere que la financiación se convierta en un mandato, y hasta el momento la Legislatura y el Gobernador Gavin Newsom no han proporcionado dinero. El mes pasado, Newsom no incluyó financiación para estudios étnicos en su propuesto presupuesto estatal 2025-25.
El distrito también reembolsará $43,091 en costos directos de abogados de los demandantes, como gastos de presentación. Pero el acuerdo no cubrió los honorarios de los abogados, que fácilmente habrían sido mucho más altos que los costos directos, en un momento en que el distrito enfrenta la posibilidad de despedir hasta 300 empleados. El bufete de abogados Covington and Burling, que realizó trabajo pro bono, y la Liga Antidifamación fueron coasesores en el caso.
Miller dijo que fue una elección deliberada en las negociaciones. “El dinero no era el objetivo principal de los abogados”, dijo. “El objetivo era hacer un cambio sistémico.”