Una coalición de educadores y sociólogos está desafiando al Departamento de Educación y su carta sin precedentes Dear Colleague, que declaró ilegales todos los programas estudiantiles basados en la raza, en una demanda presentada el martes por la noche.
La Federación Estadounidense de Maestros y la Asociación Estadounidense de Sociología argumentan en la denuncia, presentada ante un tribunal federal de Maryland, que seguir las directrices de la carta “perjudicará a los estudiantes y, en última instancia, a la nación al debilitar las escuelas como portales de oportunidad”.
“Esta carta vaga y claramente inconstitucional es un grave ataque a los estudiantes, nuestra profesión y al conocimiento mismo… Haría un daño a los esfuerzos por ampliar el acceso a la educación y acabaría con la promesa de igualdad de oportunidades para todos, un principio central de los Estados Unidos desde su fundación”, dijo la presidenta de la AFT, Randi Weingarten, en un comunicado. “Trastocaría la vida en el campus.”
Los demandantes quieren que un juez federal emita una orden judicial preliminar bloqueando al departamento de hacer cumplir la guía de la carta, así como declarar que la carta es “ilegal e inconstitucional”.
El desafío legal esperado llegó justo tres días antes de la fecha límite de cumplimiento del 28 de febrero. El documento de orientación de cuatro páginas dice que los colegios y universidades deben rescindir cualquier política, actividad y recursos basados en la raza antes del final del día o arriesgarse a una investigación y la pérdida de fondos federales.
El departamento justifica sus demandas a través de una nueva interpretación de la decisión de la Corte Suprema de 2023 en Students for Fair Admissions v. Harvard, que prohibió la consideración de la raza en las admisiones universitarias. Aunque la decisión de la Corte Suprema se aplicaba específicamente a las admisiones, la administración de Trump cree que se extiende a todas las actividades basadas en la raza.
El viernes, un juez del mismo tribunal federal de Maryland emitió una orden judicial temporal en una demanda separada que bloqueaba partes de las órdenes ejecutivas antidiversidad del presidente Trump.
Pero expertos legales en educación superior dicen que la carta Dear Colleague y las órdenes ejecutivas, aunque similares, son palancas independientes, por lo que la orden judicial no afecta la guía del departamento. El Departamento de Educación también ha dicho que sigue adelante con su interpretación de la ley y que la fecha límite sigue en pie.
Así que ahora todas las miradas están puestas en este caso judicial más reciente, mientras los líderes de la educación superior esperan ver si el juez emitirá una segunda orden judicial y bloqueará la guía.
“La nueva política del Departamento de Educación, reflejada en la carta ‘Dear Colleague’ de febrero, busca socavar las instituciones educativas de nuestra nación y es un intento ilegal de imponer las opiniones particulares de esta administración”, dijo Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, el grupo legal que representa a los demandantes. “Continuaremos buscando todas las oportunidades legales para oponernos y detener los dañinos ataques a la libertad de expresión y a los valores como la inclusión, la diversidad y la pertenencia que nos hacen a todos y a nuestra nación más fuertes.”
Mientras tanto, los grupos de defensa de la educación superior instan a los colegios y universidades a mantener la calma y no reaccionar exageradamente a la carta Dear Colleague.
El martes, el Consejo Estadounidense de Educación envió una carta a Craig Trainor, el secretario interino de derechos civiles, solicitando que “retire la DCL” y trabaje con las instituciones de educación superior para asegurar una comprensión más clara de la carta antes de establecer una nueva fecha límite de cumplimiento.
“Durante los últimos dos años, nuestras universidades y colegios han trabajado arduamente para evaluar y modificar, según corresponda, las políticas y prácticas a la luz de la decisión en el caso SFFA y las leyes de derechos civiles aplicables”, escribió el presidente de ACE, Ted Mitchell. “Es irrazonable que el departamento exija a las instituciones que respondan adecuadamente a esta reinterpretación extremadamente amplia de la ley federal en apenas dos semanas y en ausencia de la orientación necesaria.”
En la demanda, AFT y los demás demandantes hacen argumentos similares, alegando que la carta es “ilegalmente vaga, entra en conflicto con la ley y coartará la libertad de expresión y de pensamiento”. La denuncia también afirma que la guía viola la Primera y Quinta Enmiendas y excede la autoridad estatutaria de la agencia.
“Esta carta es un intento ilegal del departamento de imponer las opiniones particulares de esta administración sobre cómo deberían operar las escuelas como si fuera la ley”, dice la demanda. Luego continúa explicando que la amenaza de pérdida de fondos causará un daño inmediato a las instituciones de educación superior y a sus constituyentes.
“Muchos de los miembros de los demandantes llevan a cabo actividades, y lo han hecho durante años, que ahora, en cuestión de días, podrían resultar en una pérdida”, explica la demanda. “La carta, que caracteriza los programas de DEI como ‘insidiosos’, socava directamente las misiones y necesidades de los demandantes, sus miembros y sus escuelas.”