Una coalición de educadores y sociólogos ha presentado una demanda federal impugnando la reciente política del Departamento de Educación de los Estados Unidos que amenaza con retener la financiación federal de escuelas y universidades que no cumplan con las nuevas directrices para el 28 de febrero. La demanda, presentada por la Federación Estadounidense de Maestros (AFT), AFT-Maryland y la Asociación Americana de Sociología, argumenta que la política socava las leyes de derechos civiles y restringe la libertad académica.
En el centro del desafío legal está una carta de “Estimado Colega” emitida por la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación el 14 de febrero. La carta advierte que las instituciones educativas podrían enfrentar recortes de financiación, investigaciones y posibles procesamientos si continúan enseñando aspectos específicos de la historia estadounidense, incluidas lecciones sobre la esclavitud, la diversidad y la inclusión. Los demandantes sostienen que esta directiva es inconstitucional y representa una grave amenaza para la educación pública al limitar lo que los estudiantes pueden aprender.
Una Amenaza a la Libertad Académica y la Precisión Histórica
La demanda, presentada en un tribunal federal de Maryland el 25 de febrero, argumenta que la nueva política efectivamente prohibiría a los educadores enseñar aspectos fundamentales de la historia de Estados Unidos, incluida la esclavitud, el Compromiso de Missouri, el Movimiento por los Derechos Civiles, Brown v. Board of Education y la Ley de Derechos de Voto.
La presidenta de AFT, Randi Weingarten, condenó la política como un ataque directo a educadores y estudiantes.
“Nuestro trabajo como educadores es fomentar la oportunidad, la dignidad y la participación. Creamos aulas seguras y acogedoras donde los estudiantes son cuidados y aceptados. Enseñamos las habilidades y conocimientos que necesitan para navegar en un mundo diverso y complejo”, dijo Weingarten. “Esta directiva vaga y claramente inconstitucional es un grave ataque a los estudiantes, nuestra profesión y al conocimiento mismo. Trastornaría la vida en el campus y frustraría la promesa de igualdad de oportunidades para todos.”
Los demandantes argumentan que el gobierno federal no puede dictar el contenido del currículo, ya que las leyes prohíben a cualquier presidente decidir qué enseñan las escuelas y universidades.
Oposición Legal y Académica
La presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, Skye Perryman, calificó la política como un “intento ilegal de imponer la agenda política de la administración” en las escuelas de Estados Unidos.
“La nueva política del Departamento de Educación socava las instituciones educativas de nuestra nación. Es antiamericana e ilegal”, declaró Perryman. “Continuaremos buscando cada oportunidad legal para oponernos y detener los ataques perjudiciales a la libertad de expresión y a los valores como la inclusión, la diversidad y la pertenencia que nos hacen a todos y a nuestra nación más fuertes.”
La presidenta de AFT-Maryland, Kenya Campbell, hizo eco de estas preocupaciones, enfatizando el impacto discriminatorio de la directiva.
“El Departamento de Educación de Trump está socavando la libertad de cada estudiante en Maryland y en todo el país para aprender una historia honesta, avivando más miedo y división en el aula”, dijo Campbell. “No podemos satisfacer las necesidades de cada estudiante si no podemos enseñar la historia diversa y compleja de cada estudiante.”
La Asociación Americana de Sociología también se unió a la demanda, argumentando que la política limita la capacidad de los académicos para estudiar y enseñar cuestiones raciales y sociales.
“Los sociólogos examinan la sociedad y el comportamiento grupal, incluida la raza y la desigualdad racial”, dijo la presidenta de la Asociación Americana de Sociología, Adia Harvey Wingfield. “Esta nota no solo impide a los sociólogos hacer nuestro trabajo o simplemente viola nuestro derecho a la libertad de expresión, sino que inflige un grave perjuicio a los estudiantes que se benefician de una comprensión más completa del mundo.”
Una Lucha Más Amplia por la Educación y los Derechos Civiles
La demanda representa una creciente batalla nacional por la libertad académica, el control del currículo y las protecciones de los derechos civiles en la educación. En los últimos años, los educadores y académicos han enfrentado una creciente presión política sobre cómo se abordan la raza, la historia y la diversidad en las aulas.
El resultado de este caso podría tener consecuencias de gran alcance para escuelas, colegios y universidades en todo el país. Si tiene éxito, la demanda podría bloquear al Departamento de Educación de hacer cumplir su política, protegiendo la financiación federal para las instituciones que continúen enseñando una versión precisa e inclusiva de la historia estadounidense.
Con la fecha límite del 28 de febrero acercándose, todas las miradas estarán puestas en los tribunales mientras la coalición de educadores, académicos y defensores de los derechos civiles lucha por defender la libertad académica y el derecho de los estudiantes a aprender la verdad.
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