LIMA, Perú (AP) — El ex presidente peruano Pedro Castillo fue llevado a juicio el martes bajo cargos de rebelión, grave abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública en un caso que ha polarizado a la nación sudamericana.
Los cargos surgieron de un intento fallido de Castillo de declarar un estado de emergencia y disolver el Congreso de Perú mientras los legisladores se preparaban para una votación de destitución en su contra en diciembre de 2022.
Castillo no logró obtener el apoyo militar para su movimiento, y fue rápidamente depuesto por el Congreso y arrestado después de que los fiscales lo acusaran de intentar promover un golpe de Estado. Pero la destitución de Castillo, el primer presidente indígena de Perú, desencadenó grandes protestas en el sur del país, en las que al menos 49 personas murieron en las semanas siguientes a la destitución del presidente.
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Castillo fue reemplazado por la vicepresidenta Dina Boluarte, quien ahora lidera un gobierno conservador y ha establecido alianzas con legisladores de los partidos tradicionales de la nación. El juicio del ex presidente tiene lugar en una base policial, donde ha estado detenido desde que hizo su intento fallido de disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones.
Los fiscales han dicho que buscan una sentencia de 34 años de cárcel contra Castillo, un ex líder sindical y maestro de escuela rural que ganó las elecciones de Perú en 2021 con una victoria sorpresa sobre el establishment político del país.
Castillo había sobrevivido a dos votos de destitución antes de su intento fallido de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022.
Él y sus seguidores han argumentado que los partidos conservadores en el Congreso estaban bloqueando sus iniciativas políticas y haciendo imposible que el gobierno de Castillo llevara a cabo esfuerzos para aumentar el gasto público y llevar educación e infraestructura a áreas rurales descuidadas.
Los opositores de Castillo lo han acusado de corrupción y de socavar la democracia a través de intentos de disolver el Congreso.
Un movimiento similar para cerrar el Congreso por parte del entonces presidente Alberto Fujimori a principios de los años 90 llevó a varios años de gobierno autoritario.
En una audiencia previa al juicio, Castillo dijo que no era culpable de rebelión, argumentando que su decreto para disolver el Congreso, que leyó en televisión nacional, nunca se implementó.
“Solo leí un documento que no tuvo consecuencias”, dijo Castillo en mayo. “¿Desde cuándo leer un discurso se convierte en rebelión? ¿Desde cuándo un discurso es lo mismo que usar municiones?”
Castillo también enfrenta una investigación separada por corrupción en la que se le acusa de proporcionar ascensos irregularmente a miembros de las fuerzas armadas y de evitar prácticas de contratación estándar para otorgar un contrato para un puente.